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OPINIÓN: La independencia de la Fiscalía Anticorrupción, el reto de Gertz Manero

El gobierno federal tendrá que demostrar su compromiso con la profesionalización de la Fiscalía General para que tenga fortaleza institucional, opina César Sánchez Gaona.

Nota del editor: César Sánchez Gaona es especialista anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Síguelo en Twitter como @CesarSGaona . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - Cada cambio de gobierno trae consigo nuevos enfoques para lidiar con problemas recurrentes. Desde la campaña quedó claro que el combate a la corrupción sería un tema prioritario una vez que se llegara a la administración federal y los primeros días del nuevo gobierno nos muestran la forma que toma dicha iniciativa.

Cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador prometió que los delitos de corrupción serían considerados graves, lo cual permitiría a las autoridades emplear la prisión preventiva oficiosa en casos bajo investigación. La medida ha causado polémica en la opinión pública, generando preocupaciones acerca del posible uso político de esta herramienta jurídica.

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Tomando experiencias a nivel internacional, existen casos de éxito donde ciertas agencias anticorrupción cuentan con atribuciones amplias, y hasta cierto punto invasivas . Éstas han permitido investigar casos a fondo e inclusive generar miedo al castigo, lo que inhibe que las personas cometan actos de corrupción. Es importante resaltar que el éxito de estos casos no solo se debe a las atribuciones que tienen las autoridades, sino también al profesionalismo e independencia de las mismas.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) buscó dotar al Estado de mejores herramientas para combatir la corrupción de forma consistente y no depender de la voluntad política que exista en el momento. Este entramado sigue incompleto al día de hoy, ya que todavía no contamos con la instancia encargada de la investigación de delitos de corrupción: la Fiscalía Anticorrupción.

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Durante el proceso de reformas que dieron vida al SNA, se modificó el Código Penal Federal para tipificar los delitos de corrupción y perseguirlos a través de un cuerpo especializado dentro de la Fiscalía General (FGR). Sin embargo, los legisladores crearon un incentivo perverso al condicionar la entrada en vigor de esta reforma al nombramiento del primer Fiscal Anticorrupción, el cual fue postergado por la legislatura pasada.

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Hoy nos encontramos ante un escenario con condiciones más favorables para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, luego de la ratificación de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República. De acuerdo con la Constitución, será Gertz Manero el encargado de designar al nuevo Fiscal Anticorrupción y echar a andar a este elemento clave en el combate a la corrupción.

El nuevo modelo de Fiscalía autónoma y la extensión de sus atribuciones podrían ser una combinación que rinda mejores resultados. Por un lado, la independencia permite resguardar a la Fiscalía frente a las fuertes presiones políticas asociadas con la naturaleza de sus investigaciones. De acuerdo con el exaspirante al puesto, César Chávez Flores, la Fiscalía debe contar con las condiciones necesarias para, si es necesario, investigar hasta al propio presidente de la República , cosa que hoy parece poco probable dado el historial de debilidad institucional en nuestro país.

Un Ministerio Público profesional podría investigar casos de corrupción con mayor rigor y profesionalismo. En la búsqueda de redes complejas de funcionarios, empresas y ciudadanos, es importante que la autoridad se aproxime a sus investigaciones con gran minuciosidad y conocimiento técnico. De igual manera, sus agentes deben saber cuándo es apropiado utilizar las herramientas a su disposición, usando la evidencia fundada como sustento para ello.

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Llegar a este ideal no será tarea sencilla. Al poder ser removido por el Fiscal General, la autonomía del Fiscal Anticorrupción se ve socavada desde el inicio, ya que ésta puede caer ante presiones políticas como pasó con la remoción de Santiago Nieto de la FEPADE en 2017.

El gobierno federal tendrá que demostrar su compromiso con la profesionalización de la Fiscalía General para que tenga fortaleza institucional. Más allá de otorgarle mayores facultades al Ministerio Público, es imprescindible que se fortalezcan sus cuadros, se provean los recursos económicos y materiales necesarios, y se respete el trabajo de las Fiscalías especializadas.

Quien hoy es responsable de resguardar a la propia Fiscalía de intereses políticos es el Fiscal General. Gertz Manero deberá demostrar que cuenta con la objetividad, independencia y profesionalismo para no claudicar ante las presiones que seguramente vendrán.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Voces

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