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OPINIÓN: La desinstitucionalización del TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debería ser una institución fundamental en la arquitectura electoral de México, pero ha sido destruido, apunta Don Porfirio Salinas.
Sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Aspectos de sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 8 de diciembre.

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); antagónico al Peñismo, que atentó contra esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - La semana pasada renunció sorpresivamente Janine Otálora a la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), manteniéndose como Magistrada. Esto evidenció la profunda crisis ética, moral y de profesionalismo de los actuales Magistrados, herencia de las turbias maniobras de Emilio Gamboa como excoordinador de los Senadores del PRI, y avaladas por Peña.

El Tribunal Electoral solía ser una de las máximas instituciones creadas en el largo proceso de apertura y consolidación democrática de México, el cual inició más claramente con la famosa Reforma de 1977, liderada por Jesús Reyes Heroles.

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Su primer antecedente directo fue en 1987 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, justo previo a la elección presidencial de 1988, una de las más cuestionadas y que fue punto de inflexión para la arquitectura electoral que hoy tenemos.

En 1990, en el marco de la histórica reforma que creó al Instituto Federal Electoral, se creó también el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), compensando muchas de las fallas del de 1987 y que fue fortalecido con la reforma de 1993.

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En 1996, se transforma en el actual TEPJF, incorporándose al Poder Judicial y estableciéndose como última instancia. Y finalmente, en 2007, se fortalece con la creación de las actuales salas regionales.

Todo este proceso de construcción y consolidación institucional del Tribunal comenzó a revertirse con los magistrados que terminaron en 2016, nombrados durante el sexenio de Calderón. Ese Tribunal sentó algunos de los peores precedentes en la democracia mexicana; abajo dos ejemplos.

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Por un lado, la elección de Gobernador de Colima en 2015. Un proceso enturbiado, en el que gana por estrecho margen el candidato del PRI, Nacho Peralta, a pesar de que el gobernador saliente del PRI operó abiertamente en su contra, al no ser del mismo grupo político.

Al llegar la impugnación al TEPJF, en una sentencia sorpresiva por su falta de fundamentos, decide anular la elección bajo la única base de una llamada grabada al entonces Secretario de Desarrollo Social del estado, admitiendo operación a favor del PRI. Claramente, una llamada intencional orquestada por el propio gobernador para afectar al candidato ganador.

Con esa sentencia, el TEPJF demostró que no importaban las evidencias ni los sustentos, una simple llamada telefónica, no verificada y mucho menos investigados sus orígenes, era prueba suficiente para los Magistrados. En la segunda elección, volvió a ganar el hoy Gobernador.

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El segundo caso es aun más dramático: la elección de Aguascalientes en 2016. El caso quizás mayor documentado de participación abierta de la iglesia en procesos electorales. Una elección competida entre PRI y PAN, que es ganada por el PAN con un muy estrecho margen.

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El expediente de la impugnación era por demás sólido. Estaban acreditadas cartas firmadas por clérigos de todas jerarquías llamando al voto por el PAN, había videos de padres en eventos proselitistas, así como grabaciones llamando al voto por el PAN desde el mismo púlpito. Además de propaganda emitida por la iglesia en contra de la candidata del PRI.

A pesar de las pruebas fehacientes, el TEPJF decidió validar la elección, atentando así contra el precepto constitucional de no intervención de la iglesia en actividades político-electorales, y dejándoles la puerta libre para procesos posteriores.

En contraste con la laxitud con la que decidieron la anulación de Colima con el único sustento de una llamada no validada, decidieron legitimar la participación formal de la iglesia en procesos electorales al hacer ojos ciegos a las contundentes evidencias en Aguascalientes.

No conformes con las consecuencias de esos corruptos Magistrados, en octubre de 2016 los entonces Senadores Emilio Gamboa y Roberto Gil impulsaron a los actuales Magistrados, elegidos a su propia conveniencia y en muchos casos sin las credenciales necesarias.

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Además, Gamboa y Gil se dieron el lujo un mes después de violentar la ley al ampliar los periodos de los magistrados recién electos, en su afán por construir las condiciones y lealtades necesarias para causar un posible fraude en las elecciones presidenciales de 2018.

Este Tribunal, que entró en funciones en 2016, ha dictado sentencias igual de nocivas para la democracia que el anterior. Son estos magistrados quienes validaron la elección de Coahuila de 2016 a pesar de las evidentes pruebas de dinero ilegal en la campaña del candidato ganador del PRI.

En aquel momento, no se pudieron callar los rumores de una cena privada de la hoy expresidenta en casa del Coordinador del grupo mayoritario en el Senado, y una comida de dos magistrados en el rancho de un entonces poderoso secretario, hoy coordinador parlamentario.

Estos magistrados también validaron la elección del Estado de México de 2017, a pesar de las claras evidencias de dinero ilegal para el candidato del PRI. Elección que ha sido calculada como la más cara de la historia de México, con pruebas irrefutables de fraude de Estado.

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Demostrando esa lealtad a quienes los eligieron, estos magistrados decidieron el año pasado repetir la elección municipal de Monterrey, poniendo como fecha el 23 de diciembre, a sabiendas de que eso beneficiaba ampliamente al candidato del PRI.

Y es este mismo tribunal el que, a pesar de todas las pruebas documentadas y acreditadas de fraude, corrupción e intervención oficial en la elección estatal de Puebla, decidieron validar la elección para beneficiar al PAN con el gobierno del estado.

El TEPJF debería ser una institución fundamental en la arquitectura electoral de México, pero ha sido destruido. Este serio atentado institucional se gestó desde los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, a pesar de que hoy se critique al presidente actual de atentar contra las instituciones.

Hoy el TEPJF pasó de ser uno de nuestros grandes logros democráticos, a ser uno de los más grandes riesgos de nuestro sistema electoral. Esta vulnerabilidad no conviene ni al propio presidente.

Esperemos que el presidente tenga la visión de impulsar una urgente reforma de fondo del TEPJF, incluyendo el cambio de todos los magistrados.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Voces

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