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OPINIÓN: La transparencia en una democracia republicana

Como país debemos seguir avanzando en la maduración de nuestro régimen republicano de gobierno, y no dar pasos en sentido contrario, apunta Isaak Pacheco Izquierdo.

Nota del editor: Isaak Pacheco Izquierdo es investigador de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Síguelo en Twitter como @Isaak_Pacheco . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - Los clásicos de la Ciencia Política nos dejan claro lo que es la democracia republicana. Nicolás Maquiavelo, en su obra los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, y el Barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, hacen énfasis en que una democracia sin contrapesos, poderes independientes y mecanismos de control, es riesgosa para el ejercicio de las libertades de sus ciudadanos. Retomándose esta clase de ideas se construyeron democracias como la de los Estados Unidos de América por sus padres fundadores, garantizando así las libertades de su sociedad.

La democracia en México ha venido evolucionando, a lo largo de muchos años, hacia un régimen de gobierno republicano. Hemos transitado de una democracia de partido hegemónico, que controlaba las elecciones y los tres poderes superiores del Estado, a una en la que la oposición fue tomando espacios en los Congresos, en los gobiernos locales, hasta llegar al punto de ganar, ya en tres ocasiones, bajo dos partidos distintos (PAN y Morena) el Gobierno de la República.

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Esta “republicanización” de la democracia en México insertó desde hace tres décadas la figura de los organismos autónomos constitucionales para salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos o proteger asuntos que son de interés nacional, frente a la riesgosa amenaza de su supresión o control por alguno de los tres poderes superiores del Estado, quienes en el pasado habían tenido un dominio fáctico.

Como país debemos seguir avanzando en la maduración de nuestro régimen republicano de gobierno, y no dar pasos en sentido contrario. Es inadmisible que el partido del presidente, el cual cuenta además con una mayoría abrumadora en el Congreso de la Unión, desee interferir en la autonomía de organismos autónomos, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

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En los medios se han difundido rumores respecto a que en el Senado, legisladores de Morena analizan una propuesta de cambiar la naturaleza colegiada del órgano deliberativo de dicho instituto, de su pleno, por un modelo unitario, que consista en que una sola autoridad lo encabece, bajo un argumento de austeridad republicana, con el propósito de reducir su costo operativo.

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Asimismo, corre el rumor de la intención de esa bancada parlamentaria por separar la vigilancia de las dos materias por las que vela ese instituto, sugiriendo así la creación de dos entes públicos separados, uno que resguarde el derecho de acceso a la información pública y otro que garantice la protección de los datos personales, lo cual abriría la puerta a la extinción del instituto vigente.

Pero la propuesta de cambiar a su pleno actual, bajo el argumento que sea (ya sea de eficiencia deliberativa, de reducción de gastos o de especialización técnica) pondría en jaque la independencia del INAI. Y es que pareciera que cada vez que llega un nuevo gobierno federal quisiera desmantelar al pleno de comisionados existente, bajo cualquier pretexto. Es solo que debe tenerse presente que para mantener su esencia como mecanismo de control del gobierno, es necesario respetar el diseño y estructura vigente de ese instituto.

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El periodo transexenal de nombramiento de sus comisionados fue diseñado de esa forma, para que ellos representaran un contrapeso real al Ejecutivo en turno. Es cierto que en la designación de los comisionados intervienen el Senado y el Presidente de la Republica de ese momento, con algún tipo de injerencia ciudadana. Pero lo valioso de este modelo de designación, para nosotros como ciudadanos, es el periodo transexenal del nombramiento de esos comisionados, pues asegura que aquellos designados por una legislatura y gobierno dados vigilarán a los próximos que ocupen esos altos cargos tras su triunfo en las elecciones siguientes.

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Este diseño es lo que nos asegura la independencia de este organismo garante de derechos, que tiene el deber de velar por la transparencia y la rendición de cuentas de esos mismos poderes, cuyos representantes alguna vez designaron a sus autoridades.

Ahora bien, como cualquier otra institución, el INAI tiene áreas de mejora o de oportunidad. Algunas de las críticas del presidente al instituto se han orientado a su nivel de gasto, pero la solución a este aspecto no puede venir de la modificación de su modelo colegiado de toma de decisiones, ni de su extinción para crear dos instancias públicas nuevas, ya que esto lo único que lograría es la captura de sus próximas autoridades por el nuevo régimen, despojándolo así de su esencia como contrapeso y salvaguarda de derechos fundamentales frente a los poderes superiores del Estado.

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Ante esa clase de señalamientos, es de destacarse la reducción al presupuesto que propuso para sí mismo el instituto en el ejercicio fiscal 2019 (la cual fue de alrededor de un 15%, de acuerdo con declaraciones del Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, sobre su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para este año), y que lamentablemente la Cámara de Diputados reflejó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, con una disminución general del 21.1%, a precios constantes, frente a su presupuesto del año anterior.

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Esta reducción tan agresiva al presupuesto de este organismo autónomo, incita a que cuestionemos desde la ciudadanía si con esos recursos el instituto podrá cumplir cabalmente con las competencias que se le asignaron desde la reforma constitucional en materia de transparencia del año 2014, la cual amplió el catálogo de sujetos obligados a transparentar su información; instituyó el Sistema Nacional de Transparencia que el Instituto encabeza; y brindó nuevas facultades a este último, como interponer acciones de inconstitucionalidad y atraer los asuntos en las materias que protege del ámbito local que así lo ameriten, dada su trascendencia.

Si bien las mejoras del instituto sí podrían venir, como para otras instancias públicas, en el sentido de monitorear su gasto con mayor asiduidad y evaluar el impacto de sus actividades, para replantear algunas de éstas desde los ámbitos financiero y de gestión, y así fortalecerlo, no deben ocuparse argumentos de austeridad republicana como pretexto para debilitarlo mediante el recorte injustificado de su presupuesto, ni para capturarlo desde el nuevo régimen replanteando su diseño institucional, pues arrebataría de las manos, de nosotros los ciudadanos, una de las principales piezas de control y defensa frente al poder público de nuestra aún joven democracia republicana.

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Las autoridades actuales de ese Instituto ya demostraron su disposición a operar en el marco de austeridad republicana que ha establecido el nuevo gobierno. Ésta debería ser señal suficiente para respetar su operación.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Voces

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