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OPINIÓN: Un régimen que apuesta por militarización y desprotección de derechos

La naturaleza del brazo militar no es la de ser detectives ni policías y mucho menos abogados, su naturaleza es ser el cuerpo de defensa de la seguridad y soberanía nacionales, opina María Novoa.

Nota del editor: María Novoa es Coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa. Ha trabajado en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea, USAID, en Proyectos de Modernización y Reforma Judicial; así como en proyectos de Fortalecimiento Institucional en El Salvador, México, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Bolivia, Ucrania y Azerbaiyán. Es Maestra en Políticas Pública de la Universidad Simón Bolívar, Especialista en Planificación del Desarrollo y Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - Al concluir la primera quincena de este apresurado diciembre, los ánimos y expectativas respecto al futuro inmediato del país, en cuanto a seguridad y justicia, son de desconcierto. A tan sólo días de la toma de posesión del Ejecutivo y Legislativo Federales, ha saltado a la palestra la receta que propone este nuevo gobierno: la instalación de un régimen autoritario y de mano dura.

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Primero se propuso la integración de una Guardia Nacional, órgano de carácter militar para realizar funciones de seguridad pública, indicando que no solo se abrazaba la militarización del país sino que se pretendía hacerla constitucional para otorgarle mayores poderes a las fuerzas armadas. Y mientras organismos nacionales e internacionales desplegaban todo esfuerzo solicitando reconsiderar la propuesta y apostar por el fortalecimiento de las policías, llega otro bombazo: la propuesta de dejar también a los militares la investigación criminal.

Es decir, que no solo se da el tiro de gracia al desarrollo y fortalecimiento policial, sino que ahora también se pretende prescindir del trabajo ministerial. Sabemos muy bien que el trabajo de las procuradurías y fiscalías continúa siendo deficiente y con tintes inquisitivos, pero la solución no es su disolución del proceso penal. Por el contrario, es necesario agotar todo esfuerzo por transformar la procuración de justicia y garantizar el desarrollo de investigaciones independientes y de calidad, no dejar al arbitrio de las fuerzas armadas la investigación y persecución criminal.

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Es momento de retomar las lecciones aprendidas en Palmarito, Tlatlaya, Rosarito y muchos más. La naturaleza del brazo militar no es la de ser detectives ni policías y mucho menos abogados, su naturaleza es ser el cuerpo de defensa de la seguridad y soberanía nacionales. Esto no solo lo decimos en México, lo advierten también organismos internacionales que ven con preocupación la propuesta.

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Frente a ese panorama, resulta catastrófico sumar además el impacto de la recién aprobada reforma sobre prisión preventiva oficiosa y la iniciativa de reformular el concepto de flagrancia. La primera implica la normalización de una medida privativa de la libertad, sin que medie investigación, lo que elimina su carácter excepcional, incentiva la ineficiencia ministerial y desprotege a los individuos. Así, se aprobó a sabiendas de que la evidencia indica que su aplicación no resuelve problema alguno.

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La segunda, acuñar un nuevo concepto de flagrancia, implica un serio peligro a la presunción de inocencia y libertad personal, al establecer que las detenciones pueden ocurrir con independencia del tiempo transcurrido desde la comisión del delito. Ello es incluso más peligroso que la obsoleta figura de flagrancia equiparada, aquella que la reforma de 2008 eliminó. Ya que al menos para ella, la SCJN establecía parámetros de inmediatez y garantías, mientras que la propuesta actual sugiere que la detención puede tomar lugar en cualquier momento, invocando simplemente que la autoridad nunca interrumpió la búsqueda o localización.

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Al contexto anterior se suma la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, proceso en el que prevaleció la falta de voluntad por construir un órgano autónomo, libre del control político. Una lectura integral sobre la forma que está tomando el actual régimen resalta la preocupación por una apuesta a la continuidad de una instancia de procuración de justicia débil y carente de las competencias necesarias

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Todos estos eslabones son consistentes con la configuración de un régimen de mano dura. Un régimen que, ante la crisis, simplifica su existencia apostando por la militarización y la desprotección de derechos. La fórmula se reduce al uso del brazo punitivo del Estado con el tiro de gracia a las instituciones. Todo ello, en oposición al discurso vacío de pacificación y combate a la impunidad. El objetivo común de mejorar las condiciones de seguridad y justicia no justifica la adopción de cualquier estrategia, mucho menos una antitética a los derechos humanos.

Este no es el camino, más bien perfila la instauración de un ejercicio del poder centralizado y con tintes autoritarios en el que nadie gana. No es defender las instituciones por defenderlas; si su desempeño no ha dado los resultados esperados entonces trabajemos en ellas. Abandonar el fortalecimiento institucional sólo nos conduce a un escenario de restricción de libertades, concentración del poder y falta de controles.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Voces

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