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¿Qué fue de "Saving Mexico"? Las reformas en el aire de Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto dejará la presidencia de México con una deuda pendiente: consolidar las reformas estructurales que en algún momento le valieron ser visto como el "salvador" de México.
Reformas
"Mover a México". El gobierno que está por terminar aseguró en sus inicios que las reformas lograrían detonar el desarrollo en el país.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La revista Time dedicó su portada de febrero de 2014 al presidente Enrique Peña Nieto con el título Saving Mexico (Salvando a México). Eran tiempos en que su imagen ante el mundo era la de un mandatario osado, que con el Pacto por México lograría las reformas necesarias para impulsar el desarrollo del país.

Entre 2012 y 2014, el Congreso aprobó sus 11 reformas estructurales: hacendaria, financiera, energética, educativa, de telecomunicaciones, competencia económica, transparencia, laboral, de justicia penal y la político-electoral, además de la nueva ley de amparo.

Poco después, la imagen de reformador que había construido en esos dos años de gobierno se fue diluyendo y Peña Nieto alcanzó el nivel más bajo de aprobación ciudadana de un presidente en la época moderna del país. Su sexenio deja pendiente la consolidación de esas y otras reformas, pues la ciudadanía no vio beneficios reales pese a sus avances significativos.

En términos de la legislación secundaria todavía hay muchos espacios de oportunidad donde las reformas no han sido instrumentadas”.
Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en el Tec de Monterrey

En algunos casos, los pendientes podrían ser retomados por Andrés Manuel López Obrador para avanzar su programa de gobierno. En otros, simplemente quedarán en el recuerdo.

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Los pendientes que no han ‘salvado a México’

El Congreso aprobó los cambios en la Constitución, pero no avanzó en las legislaciones secundarias de las reformas estructurales. De acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez por el sexto aniversario del Pacto por México, su implementación quedó inconclusa. Los tres casos más cercanos a la ciudadanía son:

Reforma educativa: evaluación docente

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la evaluación del desempeño de los maestros tiene la finalidad de medir su calidad y resultados para que el Estado se asegure de que cumplen con el perfil que requiere el sistema escolar.

Para garantizar que los maestros cumplieran con la evaluación, la reforma educativa estableció que fuera obligatoria. De no presentarla o no aprobarla en tres oportunidades, el docente sería sería despedido.

La administración de Enrique Peña Nieto se esforzó por convencer de que la evaluación tenía más beneficios que sanciones, pero la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) —organización disidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE)— persistió cinco años en sus manifestaciones en contra, argumentando que viola los derechos laborales de los profesores.

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A unos días de terminar el sexenio de Peña, Morena impulsó una iniciativa para eliminar las sanciones a maestros que incumplan o reprueben la evaluación.

Reforma político-electoral: menos pluris

La reforma político electoral fue aprobada en diciembre de 2013 y entró en vigor en 2014. Pese a que en su momento se le consideró una reforma integral, dejó varios asuntos pendientes que podría retomar el próximo gobierno.

Una de las promesas de campaña de Peña Nieto y que el PRI presentó por lo menos tres veces durante su mandato fue reducir de 500 a 400 el número de diputados federales y de 128 a 96 el de senadores, al disminuir el número de posiciones plurinominales o de representación proporcional asignadas a los partidos.

Con todo y su mayoría en las dos legislaturas del sexenio de Peña, el tricolor nunca pudo concretar la reducción del Congreso de la Unión.

Reforma en telecomunicaciones: acceso universal a internet

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El proyecto de la Red Compartida se previó en la Constitución para asegurar la disponibilidad y el acceso a servicios de banda ancha en todo el país.

Para su desarrollo, la reforma en telecomunicaciones contemplaba que una compañía o un consorcio privado diseñara, financiara, desplegara, operara y comercializara sus servicios.

Se tenía previsto que más del 90% de la población tuviera internet antes de 2019. Sin embargo, retrasos que no se aclararon a la opinión pública comprometieron el proyecto, el cual quedó en 70% de su implementación.

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Lo que Peña no concretó, pero AMLO podría

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Fiscalía General de la República


El 23 de septiembre de 2014, Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa para crear la Ley de la Fiscalía General de la República, pero la mayoría priista no alcanzó los consensos necesarios para aprobarla.

La iniciativa se atoró muchas veces en el llamado “pase automático”, que permitía al titular de la PGR convertirse automáticamente en el fiscal general. En 2017, el procurador era el priista Raúl Cervantes, cercano al presidente, por lo que la oposición encabezada por el PAN exigió una reforma que evitara la imposición del llamado “fiscal carnal”.

Peña Nieto no pudo nombrar al fiscal para los próximos nueve años, la 64 legislatura aprobó la creación de la Fiscalía con la mayoría numérica de Morena y sus propios cuestionamientos .

Legalización de la mariguana

El 21 de abril de 2016, Peña Nieto presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para que el cultivo y comercio de la marihuana exclusivamente con fines científicos y médicos, y la posesión de hasta 28 gramos para uso estrictamente personal no fueran un delito.

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Su propuesta, que no incluía cancelar la lucha policíaca y militar contra el narcotráfico, fue aprobada a medias en el Congreso, pues solo despenalizó el uso de la cannabis con fines científicos y médicos.

El pasado 8 de noviembre, la senadora Olga Sánchez Cordero presentó la iniciativa para crear la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que permite el uso de marihuana con fines lúdicos, científicos y comerciales. Con la mayoría de su partido, Morena, en ambas cámaras del Congreso, es factible que la propuesta se apruebe antes de que termine 2018.

Seguridad Social Universal

En el Pacto por México se planteó crear el Sistema de Seguridad Social Universal, con cuatro compromisos: acceso universal a los servicios de salud, seguro de desempleo, pensión para adultos mayores de 65 años y seguro de vida para jefas de familia.

En el primer caso, se planteó una reforma integral y de gran calado que concretaría la universalización de los servicios de salud; es decir, que todos los mexicanos pudieran ser atendidos en cualquier centro de salud público, independiente de la institución a la que estuviera afiliado.

No obstante, Peña Nieto fue incapaz de instrumentar una política pública efectiva para avanzar hacia ese objetivo. En vez de una reforma de fondo, hubo un convenio interinstitucional poco novedoso entre la Secretaría de Salud y dependencias encargadas de prestar servicios de salud.

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Las que van a la basura

Ley de Seguridad Interior

Desde el sexenio de Felipe Calderón, el Ejército ha realizado tareas de seguridad pública. El argumento: falta de capacidad y recursos de las policías civiles y la posible infiltración del crimen organizado en las corporaciones.

Para ‘dar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública’, Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior el 21 de diciembre de 2017. La ley se había aprobado con la mayoría del PRI y el PAN en el Congreso de la Unión, pese al rechazo de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos.

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El 19 de enero de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, por considerar que violaba derechos humanos.

La LSI, una de las reformas más polémicas de Peña Nieto, murió el 15 de noviembre, cuando la Corte la declaró inconstitucional .

Matrimonio igualitario

En mayo de 2016, en plena etapa de campañas electorales locales, Enrique Peña Nieto propuso al Congreso reformar el Código Civil Federal para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo a partir de los 18 años y “modernizar el lenguaje para evitar las expresiones discriminatorias” en esa norma.

También proponía modificar el procedimiento de divorcio para que cualquiera de los cónyuges pudiera solicitarlo sin necesidad de señalar una causa.

Desde el primer momento la iniciativa tuvo el rechazo de la iglesia católica, organizaciones civiles de derecha y grupos ultraconservadores, que incluso organizaron marchas contra la propuesta y afectaron al PRI en las elecciones locales de ese año.

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La reforma quedó archivada en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados hasta que finalmente fue desechada ante la negativa del PRI a rescatarla.

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