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Dos hombres acusan a Anaya de negocios irregulares; él ve "guerra sucia"

El abogado que representa a los implicados dice que el presidenciable de PAN, PRD y MC trianguló dinero para beneficiarse con la venta de una bodega, algo que Anaya rechaza.
Bajo sospecha
Patrimonio en duda No es la primera vez que el patrimonio de Anaya está en la polémica. Él sostiene que todo lo que posee aparece en su declaración 3 de 3. (Foto: jaramillo)

Dos personas que aseguran haber participado en una triangulación financiera que supuestamente benefició al presidenciable Ricardo Anaya lo acusaron de lavado de dinero ante la Procuraduría General de la República (PGR). Pero apenas horas después, el panista rechazó el delito que le atribuyen y aseguró que los señalamientos son parte de la "guerra sucia" en su contra.

El abogado de los denunciantes, Adrián Xamán McGregor, dijo este martes en conferencia de prensa que Alberto "N" y Daniel "N", cuyas identidades no reveló, constituyeron empresas fantasma y movieron millones de pesos por diversos paraísos fiscales, para que la empresa Juniserra, propiedad de Anaya y su familia (según consta en su declaración patrimonial), obtuviera ganancias millonarias de la venta de una bodega a la misma persona a la que había comprado el terreno, el empresario queretano Manuel Barreiro.

"La empresa de Ricardo Anaya compró el lote a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos, y dos años más tarde se lo vendió, ahora como nave industrial, en 54 millones de pesos", señaló.

¿Cómo fue la supuesta triangulación?

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En abril de 2016, según declaró uno de los implicados, Barreiro lo contactó para que su empresa, Tesorem, sirviera de intermediario financiero y perdiera el rastro de los recursos en una transacción que estaba planeando junto con Anaya. El plan era que Tesorem le prestara dinero a otra compañía que compraría la nave industrial, en un terreno de 13,589 metros cuadrados.

Dicha firma fue Manhattan Master Plan Development, que se puso a nombre de Luis Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, dos empleados de Barreiro, y tuvo como domicilio fiscal un terreno baldío. Como esa situación podía ser sospechosa, después se cambió la propiedad de Manhattan Master Plan Development al hermano de otro reconocido empresario, y se suplantaron los documentos utilizados originalmente.

Tesorem recibió transferencias económicas provenientes de Gibraltar, un territorio británico considerado paraíso fiscal, y de Suiza, Canadá y las islas caribeñas Turks and Caicos, así como de empresas fantasma mexicanas. Ese dinero lo dio en préstamo a Manhattan, que finalmente pagó 54 millones a Juniserra por la bodega ubicada en el municipio de El Marqués, vecino a la capital de Querétaro, en mayo de 2017.

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¿Por qué denunciar ahora?

El abogado señaló que, luego de que en medios de comunicación se denunciaron irregularidades en el patrimonio de Anaya, sus clientes empezaron a ser seguidos, así que temen por su integridad y por eso han decidido hacer público el hecho.

"Comenzaron los acosos en contra de mis clientes, por lo que, al acudir ante mí, les recomendé que nos presentáramos a declarar ante la autoridad", dijo.

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Sin embargo, reconoció que sus representados no tuvieron trato directo con Anaya, pero Barreiro les aseguró que él estaba enterado de la operación, por lo que tampoco saben si el acoso que han recibido es del gobierno federal o del local, o de los empresarios involucrados.

¿Qué dice Anaya?

Horas después de la denuncia, Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), nuevamente responsabilizó al PRI de lo que llamó una "guerra sucia" para tratar de desprestigiarlo. En un comunicado, se deslindó de la acusación y señaló que este mismo caso ya había sido aclarado hace más de cinco meses.

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"La empresa de mi propiedad que vendió una nave industrial a precio de mercado está declarada en mi (declaración) 3 de 3 y siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales. La compraventa referida cumplió con todas las formalidades que la ley establece", expresó. "No corresponde al vendedor hacer una revisión de las fuentes de financiamiento de quien compra".

Anaya agregó que el PRI pretende desviar la atención del "gravísimo escándalo" que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el presunto desvío de más de 1,300 millones de pesos de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), bajo la dirección de Rosario Robles.

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