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Diputados locales ¿para qué? Un estudio propone incluir la revocación de mandato

El análisis de Congreso Calificado plantea modificar el esquema de la reelección y consultar a la ciudadanía sobre la permanencia de los legisladores, como medidas para profesionalizar esta labor.
Profesionalización
Profesionalización El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza, planteó propuestas para mejorar la labor de los congresistas de las entidades. (Foto: ©MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Los diputados locales deben ser sometidos a procesos de revocación de mandato y el esquema de reelección legislativa tiene que reformarse para quitar control a los partidos, afirmó el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza, al presentar el estudio Congreso Calificado.

El jurista abundó que, con base en los indicadores de desempeño de los congresos locales, los legisladores incumplen con sus funciones formales —hacer leyes y revisar las cuentas públicas— y se enfocan en realizar trabajo de gestoría de recursos y apoyos que corresponde a otras autoridades.

“Ir a un pueblo o a una ranchería para conseguirles algunas láminas, bultos, alimentos... eso no es la función del Congreso ni de los diputados, sin embargo, mucho de ese tiempo y trabajo se está yendo allá”, señaló el abogado.

El informe Congreso Calificado presentado el miércoles, revisa siete aspectos del trabajo legislativo y el funcionamiento de las cámaras de diputados estatales, incluyendo iniciativas presentadas y aprobadas, inasistencias, intervenciones en tribuna y congresistas que han presentado su #3de3.

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Costo de iniciativas

Entre los indicadores destacan el costo por dictamen, que resulta de dividir el presupuesto de la Legislatura entre el número de iniciativas que concluyeron su proceso.

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El costo más disparado es el del Congreso de Tlaxcala, con un monto de 220 millones de pesos por iniciativa, debido a que al corte del 31 de mayo solo tenían un dictamen finalizado. Le sigue la Asamblea de la Ciudad de México , con más de 29 millones de pesos por iniciativa; Baja California con 23 millones, y Guerrero con más de 13 millones. Del otro lado, Yucatán, Colima y Querétaro tienen los menores costos, con 1.1 millón, 885,000 y 728,000 pesos, respectivamente. Coahuila, Morelos, Quintana Roo y Michoacán no tienen disponible esta información, por lo que obtienen la peor evaluación.

“Nos sale muy caro tener congresistas muy bien pagados, congresos de mucho dinero, para que se hagan gestorías que le corresponden al Ejecutivo, y que los diputados no estén atendiendo al trabajo que les corresponde”, insistió De la Garza, al acotar que si se les va a dar esta función a los diputados, se debería modificar el modelo parlamentario y regular esta nueva función.

La iniciativa Congreso Calificado proyecta realizar nuevos cortes de actualización de los datos cada seis meses, anunció el abogado.

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“Estamos abriendo este debate de decir al ciudadano ‘entérate cuánto cuesta tu congreso y qué recibes’, y empecemos un diálogo de cómo podemos eficientar el gasto público en leyes”, agregó.

Propuestas

El presidente de la Barra Mexicana de Abogados confió en que estos resultados abran un debate para introducir leyes de revocación de mandato , para que estos mecanismos de consulta a la ciudadanía en torno a la permanencia o no de sus representantes se activen a partir de indicadores de desempeño.

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“Tenemos que abrir una discusión que genere herramientas a los ciudadanos para poder lograr que cuando los diputados no estén desempeñando el trabajo que les corresponda, tengamos una mecánica que no sea esperarnos hasta que concluyan su mandato”, abundó.

De la Garza añadió que también debe explorarse una reforma al esquema de reelección para diputados, pues el que está por entrar en vigor condiciona la participación de un legislador en funciones a que el mismo partido lo postule, lo cual hace que las lealtades de este se alineen con su grupo político y no con el electorado.

“En vez de que el diputado se deba a la ciudadanía para la reelección, se debe al partido que lo postuló, de manera tal que si el partido que lo postuló no lo presenta para la reelección, ese diputado, aunque sea muy bueno en términos de ciudadanía, no se puede reelegir”, indicó.

El jurista vinculó esta “contaminación” al mecanismo de reelección con el bajo índice de cumplimiento de las obligaciones legales de los diputados y su distracción en labores políticas como la “creación de clientelas electorales”.

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“Los incentivos no son hacer leyes; son crear gestorías, atender al distrito, buscar que existan recursos que se apliquen a ese distrito para crear una clientela que luego le puedas ofrecer a tu partido y que a ese partido le convenga. Así está el sistema”, lamentó.

De la Garza planteó otra modificación para que los diputados estén obligados a acompañar cada proyecto de ley a una estimación de su costo de implementación y la manera en que se haría viable.

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