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El manejo de recursos para estancias infantiles golpea al Partido del Trabajo

Autoridades indagan a líderes partidistas por el posible lavado de 100 mdp entregados al instituto político para operar Cendis. Los implicados dicen ser objeto de una persecución política.

A menos de ocho meses de las elecciones, el Partido del Trabajo (PT) enfrenta una situación que golpea a sus dirigentes y amenaza con afectar su imagen pública de cara a los comicios.

El trance por el que atraviesa el PT comenzó a atraer más atención a finales de octubre, cuando diversos medios de comunicación —que citaron fuentes oficiales— dieron a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a líderes del instituto político por el presunto lavado de 100 millones de millones de pesos.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, el dinero es parte de los recursos federales que el partido ha recibido para mantener los 13 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que opera en Nuevo León.

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En este contexto, además, el dirigente petista en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, fue detenido por su presunta participación en los malos manejos de los fondos públicos, en el que también se presume el involucramiento del líder nacional del PT, Alberto Anaya, y de su esposa, Guadalupe Rodríguez.

Mientras Quiroz ya consiguió salir de prisión bajo fianza para enfrentar su proceso penal en libertad, Anaya, Rodríguez y otros militantes niegan los señalamientos en su contra y aseguran que el partido es objeto de una persecución política por parte del gobierno federal.

Este lunes, Anaya aseguró en su cuenta de Twitter que las acciones de la PGR en contra del PT son una represalia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, militante del PRI, porque los petistas han rechazado sus reformas y se aliarán con Morena y su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales del próximo año.

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El partido dejará los Cendis

Aunque en el terreno penal el asunto sigue abierto, en el administrativo ya empezó a tener consecuencias.

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La más relevante es que el PT llegó a un acuerdo con el gobierno de Nuevo León, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para dejar de hacerse responsable de los Cendis en cuestión. Éstos fueron fundados por Guadalupe Rodríguez hace 27 años y, desde entonces, han recibido recursos federales para funcionar y atender a menores de la entidad.

Con la decisión, ahora serán las autoridades estatales las que operarán los centros, lo que incluye que deberán cubrir el pago de los salarios de los más de 700 trabajadores que laboran en ellos y de la alimentación de alrededor de 5,000 alumnos.

Anaya dijo a medios recientemente que este pacto fue alcanzado durante una reunión con el secretario de Gobierno, Manuel González.

“Siempre debió ser así. El gobierno debe tomar la responsabilidad de regularizar, de dar sus derechos laborales y prestaciones. Nosotros estamos de acuerdo con eso desde hace 27 años”, señaló.

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¿Opción educativa o 'caja negra'?

Según se ha dado a conocer, en agosto pasado la PGR congeló las cuentas bancarias donde se recibían los recursos para la operación de los Cendis, una medida que causó molestia por parte de Rodríguez —quien insiste en que el dinero nunca fue manejado de manera indebida—, así como de los trabajadores de los centros.

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Incluso, ante la imposibilidad de cobrar sus pagos, éstos realizaron manifestaciones en las calles de Nuevo León. En la más reciente el pasado 30 de octubre, cuando Anaya y Rodríguez encabezaron la marcha, ella acusó a la administración de Peña Nieto de ser enemiga de esquemas educativos ajenos a sus políticas.

“(El caso) es una prueba más de que este gobierno es autoritario hacia la educación y hacia la libertad”, declaró.

Sin embargo, expertos en la materia ponen en duda la eficacia de los Cendis. David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero, dijo en octubre al diario Reforma que estos centros reciben recursos millonarios sin rendir cuentas de su uso ni de la atención que brindan a los menores.

“Ante la ausencia del Estado para ofrecer servicios de educación inicial, esta asociación ha aprovechado su músculo político y muchas prácticas que frecuentemente han sido irregulares”, comentó el especialista.

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Otro reporte de Reforma indica que durante los últimos ocho años el PT ha recibido más de 4,000 millones de pesos para operar 75 Cendis en 18 entidades del país.

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El golpeteo previo a las elecciones

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A nivel político, el caso ya es utilizado por otros partidos para tratar de golpear al PT.

Este martes, el PRI informó en un comunicado que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con la finalidad de que se investiguen posibles desvíos del PT con fines políticos.

“El PRI se suma al reclamo ciudadano de investigar los hechos que puedan constituir delitos electorales o violaciones al uso de los recursos que utilizan los partidos políticos”, señaló.

Mientras tanto, los líderes del PT insisten en que todo el caso es únicamente una estrategia para afectar al partido y a su aliado, López Obrador, de cara a la contienda del próximo año.

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A finales de octubre, el propio López Obrador dijo en su cuenta de Twitter que él y Morena “defenderán” a los líderes petistas.

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