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Gastos sin comprobar, dinero perdido y otras 'joyas' de la Cuenta Pública 2017

¿Qué encontró la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del gasto federal correspondiente a ese año? Respuesta: una serie de irregularidades en instancias como el Edomex y la Conade.
Recursos
En la mira. Tras revisar la Cuenta Pública de 2017, la Auditoría presentó 54 denuncias penales por irregularidades que pueden constituir delitos.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el gobierno del Estado de México y las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) tuvieron anomalías en su desempeño y uso del gasto federal en 2017, según lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública de ese año.

El monto total de las observaciones a estos entes fue de más de 11,000 millones de pesos (mdp), por irregularidades como que no se presentó justificación de erogaciones, se dio dinero a empresas no registradas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o hubo gastos sin acreditar que se prestaron a discrecionalidad.

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La Conade da dinero a empresas no registradas

Además de que no acreditó que los beneficiarios que recibieron subsidios en 2017 cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación de sus programas, y de que no comprobó el ejercicio de los recursos asignados al deporte de alto rendimiento y a las asociaciones deportivas nacionales y órganos de cultura física y deporte, la Conade hizo pagos por un total de 262.1 mdp a proveedores que no están en los registros del SAT, identificó la ASF.

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La dependencia entonces a cargo de Alfredo Castillo ejecutó un programa presupuestario de "Atención al deporte" por 652.72 mdp, para bienes y servicios que contribuyan a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas, así como atender las necesidades de los deportistas; sin embargo, careció de mecanismos de control para planeación y seguimiento de las adquisiciones de los bienes y servicios en cuestión.

El SENASICA no comprueba 1,602 mdp

La ASF evidenció que, de los 2,484 mdp ejercidos en uno de sus programas presupuestarios, el SENASICA no comprobó la erogación de 1,602 mdp, 64.5%, debido a que los beneficiarios no se correspondieron con los apoderados legales acreditados y se presentaron solicitudes de pago sin comprobar.

La Auditoría señaló que, debido a la falta de un diagnóstico que identifique con precisión el problema público y su magnitud y la carencia de un programa anual de trabajo, el SENASICA no tiene información suficiente relativa a la conservación y mejora del estatus sanitario, por lo que se desconoce si se ha logrado controlar la propagación, reducción y erradicación de las plagas y enfermedades que afectan al sector agropecuario y acuícola.

El dinero para la tragedia

Entre los hallazgos que identificó la ASF en el dinero destinado a desastres naturales, está que el esquema de participación desarrollado por Sedatu, Bansefi y Conavi fue insuficiente para que se alcanzara el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población previo a los daños ocurridos por los sismos de ese año; además, se identificaron 506,298 personas que no recibieron las acciones suficientes por parte de las autoridades, en virtud de que se identificaron fallas en los mecanismos de control de Sedatu y Bansefi.

De las acciones realizadas por la SCT en Chiapas, Oaxaca y Morelos, la ASF determinó observaciones por 77.4 mdp, debido a la ausencia de documentación justificativa y comprobatoria en el ejercicio de los recursos, la falta de aplicación de penas convencionales a proveedores y a la no acreditación de la instalación de 221 aulas móviles.

Además, la Secretaría de Gobernación (Segob) careció de los Atlas de Riesgos Municipales de 85.3% de los 592 municipios afectados, no tuvo un programa de trabajo para el fortalecimiento de la normativa institucional en materia de protección civil y planes de contingencias, y tampoco identificó el universo de instituciones de los tres órdenes de gobierno.

¿Y el dinero para los municipios?

De acuerdo con la ASF, se practicaron 33 auditorías, una a la Secretaría de Hacienda, de la distribución de las participaciones a las entidades, y lo que le llamó la atención fue que en 14 estados no se entregó a los municipios las participaciones que por ley les correspondían. Por esto, se observó un monto de 429.4 mdp.

Adicionalmente, 27 estados tuvieron retrasos en la ministración de las participaciones a los municipios, lo que generó rendimientos financieros por un importe de 81 mdp, los cuales no habían sido pagados a las localidades.

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Edomex, consentido con 1,273.7 mdp

La fiscalización detectó un monto por 1,273.7 mdp entregado al Estado de México para el Programa Diseño de la Política de Ingresos; sin embargo, la entidad, que en 2017 tuvo elecciones, fue la única receptora de estos recursos.

De acuerdo con la ASF, los depósitos y retiros de las cuentas en las que se administraron los recursos carecen de trazabilidad bancaria, respecto de la documentación comprobatoria presentada, aunado a que el instrumento jurídico que regula el otorgamiento y la aplicación de los recursos no está actualizado, lo que origina que el esquema de registro y administración de los recursos que se realiza en la entidad no permita su puntual identificación y control.

El sospechoso Ramo 23

En la fiscalización al Gasto Federalizado Programable, la ASF señaló que el Ramo 23: Fortalecimiento Financiero tuvo las mayores observaciones, con 7,422.7 mdp (27.4% del total observado).

A Michoacán se le observaron más recursos, con 2,522.7 mdp, que significaron 34% del monto, y le siguió el Estado de México con irregularidades por 960.0 mdp, que significaron 12.9%.

La Auditoría destaca que este fondo nunca había sido auditado, por lo que se realizaron 33 auditorías (32 a entidades federativas y una a la Secretaría de Hacienda), en las que se observó no existen reglas de operación ni criterios claros y objetivos por parte de Hacienda, para determinar qué monto y vertiente del Fortafin se asigna a cada entidad, por lo que su destino fue totalmente discrecional y se mantuvieron amplios espacios de opacidad.

Por ejemplo, se encontraron casos en los que los estados realizaron la transferencia de los recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas, sin acreditar su aplicación en obras y acciones con cargo al Fortafin, por el orden de 2,517.1 mdp.

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