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El gobierno minimiza los amparos contra la ley de salarios máximos

El subsecretario de Gobierno, Zoé Robledo, dijo que el número de quejosos —principalmente del Poder Judicial— es bajo en comparación con el total de empleados del sector.
Zoé Robledo
En reuniones. El subsecretario Robledo (izquierda) se reunió este martes con el presidente del Senado y su compañero de partido, Martí Batres.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), minimizó los amparos que funcionarios federales — en particular del Poder Judicial — han presentado en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República salvo algunas excepciones.

Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno de la Segob y militante de Morena, dijo a medios de comunicación este martes que el número de quejosos no representa un gran número en comparación con el total de empleados que tiene el Poder Judicial, unos 85,000.

“Son 512 demandas, por lo que entendemos, de estos 2,835 quejosos, de un conjunto mucho más amplio que no está yendo por esa vía”, declaró tras una reunión con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Martí Batres, para entregar la iniciativa presidencial en materia de eliminación del fuero.

Robledo dijo que el gobierno federal esperará la resolución de los jueces resuelvan que los amparos presentados por magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial.

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Al respecto, Batres consideró que es entendible que haya resistencias a la llamada ley de salarios máximos, debido a los privilegios y las inercias que hay en el servicio público y Morena ahora busca revertir.

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“Tenemos que seguir caminando en la idea de que haya equidad salarial, justicia salarial, que significa generar las condiciones para que la distancia entre el salario más bajo y el salario más alto no sea de 100 a uno, como llega a ocurrir”, dijo. Según Batres, en los países desarrollados esa distancia es de siete a uno.

La ley es una de las banderas promovidas por López Obrador y Morena. Ha generado polémica desde su aprobación en septiembre pasado y se prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2019.

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