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Los medios públicos: otro tema polémico en la reingeniería de gobierno de AMLO

Organizaciones como la Amedi, expertos y periodistas rechazan que se plantee dar a Gobernación facultades sobre los medios públicos. Los quejosos dicen que esto limitaría la libertad de expresión.
medios públicos
La controversia. Esta reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) recién aprobadas en la Cámara de Diputados suman voces en contra. Ahora, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), comunicadores y defensores de los medios públicos señalan que estas modificaciones representan "un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información".

Más de 42 organizaciones e instituciones, así como más de 100 académicos, especialistas, periodistas y ciudadanos, aseguran que estos cambios son contrarios a quienes exigen "que los medios públicos no sean medios oficiales".

¿Qué cambios se establecen?

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Según la reforma, la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

Concretamente, el artículo 27 le da esta facultad: "En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

¿Por qué hay rechazo a la reforma?

Según se lee en una carta emitida en conjunto por defensores de los medios públicos, la Segob no debería tener injerencia en los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión.

Esto, debido a que los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión establecen que:

  • La regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico.
  • Los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos.

Actualmente, según se establece en la LOAPF, la Segob es la encargada de formular, regular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como de orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias federales.

Ahora, las reformas aprobadas "son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales. Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo", dice la carta.

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Según se menciona, hace cinco años la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión y sus leyes secundarias "establecieron garantías para que los medios de carácter público (es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales) tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente, entre otros motivos, porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos".

La Amedi también argumenta que:

  • Dar a Gobernación el control de los medios públicos contradice principios democráticos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
  • Se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para "definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables" (artículo 8), lo que afecta atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
  • Hay mucho por hacer para que la sociedad mexicana tenga mejores medios públicos, pero la reforma que los concentraría y subordinaría a la Secretaría de Gobernación va a contracorriente de la democracia y del carácter público de tales medios.

El llamado es a que el Senado y el próximo gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, detengan esta "contrarreforma".

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