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Mientras AMLO quiere nuevas universidades, al menos 10 encaran crisis financiera

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos cumple un mes en huelga por problemas que le impiden solventar adeudos. No es el único caso: la situación que se replica en otras nueve instituciones.
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Legisladores se han pronunciado por atender la situación, pero al mismo tiempo han exigido a los rectores rendir cuentas de cómo se gastan los recursos.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado la creación de 100 nuevas universidades en el país, con el argumento de que esto ayudaría a garantizar el acceso a la educación superior a todos los jóvenes mexicanos. Sin embargo, lo hace en un momento en el que la situación de las universidades públicas existentes es adversa.

Desde hace un mes, banderas rojinegras penden en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). ¿La razón? La crisis financiera que llevó a los académicos a huelga ante la insolvencia económica para cubrir salarios y prestaciones, lo que se repite en al menos otras nueve instituciones.

El déficit en la UAEM asciende a 1,682 millones de pesos, de acuerdo con datos de su Junta de Gobierno, que el 28 de septiembre, una semana después de que estalló el paro, envió un exhorto a la Cámara de Diputados para que se atienda la emergencia.

Las causas de la crisis son múltiples: incremento en la matrícula —de 15,040 en 2012 a 26,661 en 2017—, estancamiento en los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales y plantillas de profesores no reconocidas por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Además, algunas instituciones encaran el desafío de cubrir pensiones y adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y bancos.

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La crisis

El de Morelos es el caso más notorio, pero en una situación similar están universidades públicas de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. En esta última, el 18 de octubre trabajadores hicieron un paro de 12 horas para protestar por incumplimientos de la Rectoría al contrato colectivo de trabajo.

La senadora Lucía Meza, de Morena, quien ha revisado el tema, señala que los requerimientos mínimos para cubrir los gastos de este año de las 10 instituciones son de 4,113 millones de pesos, mismos que han solicitado a la SEP y la SHCP, pero hasta ahora sin avances.

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Otro aspecto que Meza considera necesario revisar es el reparto de subsidios, que asegura que se da bajo criterios políticos, sin atender aspectos como matrículas, oferta académica o porcentaje de población atendida.

"En Morelos se están graduando jóvenes de 48,000 pesos y en Tamaulipas hay graduados de 128,000 (...) Lamentablemente, el criterio que sigue prevaleciendo en la asignación de recursos es el político. Los diputados anteriormente pues eran del norte, en su mayoría. ¿Esto qué quiere decir? Pues que jalaban todo el presupuesto", señala.

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Tres casos en perspectiva

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La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) no tiene recursos para cubrir la nómina del 15 de noviembre en adelante, por lo que su rector, Jorge Ignacio Peña, busca negociar con Hacienda un monto de 250 millones y con ello evitar que los trabajadores se vayan a paro.

"Si bien los sindicatos no han hecho una postura oficial, la lógica me indica, por lo que ha sucedido año tras año, que en el momento en el que nosotros dejemos de pagar los salarios ellos van a entrar en un paro laboral que perjudicaría la formación de 30,000 estudiantes", dice.

Diversos factores llevaron a esta casa de estudios a la crisis, algo que su rector describe como "la tormenta perfecta":

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  • Adeudos bancarios por los que anualmente se pagan 120 millones de pesos.
  • Pago de pensiones que ascienden a 130 millones de pesos anuales y que dejaron de ser cubiertas por el Seguro Social.
  • Plazas de académicos no reconocidas por la SEP y la SHCP.

En una situación similar se encuentra el Estado de México, que enfrenta un incremento en el número de estudiantes que atiende —pasó de 44,000 a más de 60,000 en seis años—, lo que derivó en una mayor necesidad de infraestructura y nuevas plazas.

Los recursos necesarios para atender la crisis en esta institución son de 450 millones de pesos, según Javier González, secretario de Administración, lo que se suma al adeudo que tiene con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que ronda los 1,200 millones de pesos.

Para González, el "talón de Aquiles" en todas las universidades es la nómina. En el caso de la UAEMex, se trata de 700 empleados del área académica, que representan cerca de 30,000 horas que no han sido reconocidas ni por la SEP ni por la SHCP.

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"(Estas plazas) no se reconocen y no se incluyen en los subsidios, eso obviamente limita el que la universidad tenga que conseguir recursos para pagar este concepto que es el más importante", dice.

El rector de la Universidad Juárez de Tabasco, José Manuel Piña González, advierte que el impacto en sus finanzas provino de la caída en la producción petrolera, situación que derivó en una crisis generalizada en el estado y con ello en una reducción al subsidio que recibe la casa de estudios.

"No tenemos ningún adeudo laboral ni tampoco fiscal y tampoco tenemos deudas con los bancos, lo que sí tenemos es una presión en el gasto", asegura.

En esta institución que, según datos del rector, concentra 42% de la matrícula universitaria en la entidad, se requieren 250 millones de pesos en una primera etapa para poder cubrir el gasto corriente de los próximos dos meses.

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Contrario a lo que ocurre en Nayarit, el rector no considera que estén en una crisis que pueda derivar en un paro próximamente, pero cree necesario ajustar a los recursos que se asignan a las universidades.

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Solución sí, pero con ojo al gasto

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Entre el respaldo que las casas de estudios han recibido de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de legisladores que urgen a solucionar esta situación, también se asoma una exigencia para una mayor rendición de cuentas, en especial para los rectores.

En el Senado, Félix Salgado Macedonio, de Morena, presentó un punto de acuerdo el 11 de octubre en el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que se revise qué pasó con los recursos asignados a las universidades en 2018 y por qué están en crisis.

"Exhorto a los rectores para que dejen de lado la opacidad y rindan cuentas, se hace necesario que los señores rectores informen con puntualidad el uso que le dan al recurso público", dijo en tribuna, y la propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

El presidente electo ha ofrecido apoyar el rescate a las universidades públicas, pero, antes de ello, señaló que es necesario revisar los esquemas de rendición de cuentas para asegurar la transparencia en el manejo de recursos de estas instituciones.

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Para el rector de la UAN, las exigencias en torno a la transparencia en el gasto son bienvenidas, pero considera injusto atribuir la crisis a un problema de corrupción, pues señala que se trata de uno de asignación de recursos y no de prácticas deshonestas.

"Yo puedo garantizar que en los dos años que tengo de rector no van a encontrar ningún acto de corrupción ni mío ni de ninguno de mis funcionarios. Reconocemos que podemos tener algunos excesos respecto a las prestaciones que no nos reconoce la Federación en ese sentido, pero estamos dispuestos a revisarlas", ofrece Peña.

Las universidades de Morelos y el Estado de México, sin embargo, fueron dos de las instituciones involucradas en el esquema de "La estafa maestra", a través del cual se desviaron miles de millones de pesos a través de la contratación de empresas fantasma, según se ha documentado.

En el caso del Edomex, su secretario de Administración asegura que algunas observaciones de la ASF derivadas de ese caso ya fueron solventadas y que otras están en proceso de revisión. En el caso de Morelos, el exrector Alejandro Vera aseguró que los contratos fueron firmados "de buena fe" y que las casas de estudios fueron utilizadas para cometer actos de corrupción desde la Federación.

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En ese contexto, la búsqueda de acercamiento con las autoridades para solventar sus pendientes se mantiene, y tanto rectores como funcionarios universitarios confían en resolver su situación antes de que termine el año.

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