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La decisión sobre el NAIM, ¿ante el escenario de un pleito legal?

Abogados nos explican si la consulta de AMLO para definir el futuro de la obra tiene sustento legal, qué podrían hacer los inconformes, cuáles serían sus retos y hasta dónde podría llegar el tema.
NAIM
La consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se realizará del 25 al 28 de octubre.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- A una semana de que se ponga en marcha la consulta sobre si continúa la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, o bien, se cancela ese proyecto para sustituirlo por una ampliación de la base militar de Santa Lucía y una rehabilitación las actuales terminales aéreas de la capital del país y Toluca, persisten las dudas sobre la validez de este ejercicio y las decisiones que eventualmente se tomen con base en él.

Mientras que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que los resultados de la consulta a la que ha llamado serán "vinculantes" y a partir de ellos se tomará una decisión, partidos de oposición y algunos analistas sostienen que es un ejercicio que no está apegado al marco legal vigente y acusan que su fin solo es legitimar una decisión que ya está tomada, en alusión a la preferencia que el líder de Morena y su equipo han expresado por la opción de Santa Lucía.

Se prevé que la consulta se realice entre el 25 y el 28 de octubre. En esos días, se instalarán 1,073 mesas en 538 municipios contemplados para que los mexicanos emitan su opinión.

En estos días previos, ADNPolítico consultó a un grupo de abogados en torno a la legalidad del ejercicio, sus efectos y la posibilidad de que las empresas, las comunidades o los ciudadanos afectados puedan intentar frenarlos recurriendo a la justicia.

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¿Esta consulta está dentro del marco de la ley?

Si bien esta consulta no es ilegal en sí —al tratarse de un ejercicio convocado por un grupo de ciudadanos que ejercen sus libertades—, tampoco se ajusta a la figura de consulta popular contenida en la Constitución y en la Ley Federal en la materia, en las que se establece que esta herramienta debe cubrir ciertos requisitos, como ser convocada por el presidente, una parte del Congreso o un mínimo de mexicanos, o realizarse a la par de una elección federal (cada tres años). Lo anterior, a decir de los abogados consultados, implica "vicios" en términos jurídicos.

"El hecho de que se esté haciendo la consulta sin que esté realmente legitimada y no se estén actualizando supuestos del artículo 35 (constitucional) está teniendo un vicio tremendo", considera el abogado Francisco González Cancino, socio de Constitucionalistas Mexicanos.

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Como parte de esos vicios, coincidió su socio Sergio Charbel, está el hecho de que el ejercicio es convocado por particulares y no por una autoridad.

Para el abogados Luis Miguel Cano López, codirector de Litiga OLE, se trata de una consulta que no puede considerarse como un acto de autoridad, sino como "un ejercicio de tipo político o social".

Con los resultados, ¿se cancelará el NAIM?

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El equipo del presidente electo ha dicho que tan pronto se conozcan los resultados de la consulta se tomará una decisión y, si es el caso, se procederá a la cancelación de la obra en Texcoco. Sin embargo, los abogados coinciden en que esto no podría ocurrir de forma inmediata porque López Obrador aún no es mandatario en funciones.

"Si hoy fuera la votación y al final del conteo se dice que la sociedad no quiere que se lleve a cabo el aeropuerto (en Texcoco), no se va a cancelar nada porque todavía no entran en funciones y ellos no hicieron ninguna contratación, ningún arreglo con aquellos que lo están construyendo", señala Eloy Morales, académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

López Obrador asume la presidencia el 1 de diciembre y solo hasta entonces tendrá la facultad de tomar decisiones sobre este y otros proyectos.

¿Podrían impugnar quienes resulten afectados?

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Una alternativa para los empresarios, las comunidades o los ciudadanos que resultaran afectados con la decisión tomada a partir de la consulta sería presentar amparos.

Pero estos recursos legales, dice Cano López, deberían presentarse una vez que asuma funciones el nuevo gobierno, pues será hasta ese momento que la determinación que se tome se ponga en marcha.

"Lo prudente (para los afectados) sería esperar a que esto fuera una decisión de un gobierno en funciones; yo diría que tendrían que aguardar a que, llegado el momento, haya una decisión que diga 'esta obra no va o sí'", señala.

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¿Qué dificultades habría para los afectados?

El amparo está pensado para proteger a los ciudadanos de los actos o las omisiones de una autoridad o de un particular que funja como tal.

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En ese sentido, uno de los desafíos de los afectados por la consulta y la decisión que se tome con ella sería convencer a los jueces de considerar como autoridad a los convocantes del ejercicio, aunque hasta ahora López Obrador solo es autoridad electa y sus futuros funcionarios tienen calidad de particulares.

"Sería un ejercicio entretenido buscar que se reconozca a los particulares que actúan como autoridad, pero los precedentes judiciales indicarían que difícilmente puede considerarse esto un acto defendible en un amparo", dice Cano López.

¿Cuál sería la ruta de un amparo?

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Con el nuevo gobierno en funciones y la eventual decisión sobre el NAIM tomada, los afectados podrían recurrir a las instancias legales a su alcance.

De acuerdo con Cano López, una vez admitido el amparo, podría tardar en resolverse entre tres y seis meses en un Juzgado de Distrito, para posteriormente pasar a un Tribunal Colegiado, donde podría durar seis meses más para una resolución.

Incluso, si un recurso así llegara a avanzar, el caso podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un proceso que los abogados estiman que tomaría dos años.

"Hay otras medidas cautelares que pueden ser solicitadas por los particulares, en este caso suspensiones, las cuales podrían solicitar desde su escrito inicial, y si se les conceden estas medidas podrían evitar las afectaciones de sus derechos. El desarrollo de todo el juicio podría tomar un año, dos años", asegura González Cancino.

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