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La CNDH acredita violaciones a DH en Palmarito y emite estas recomendaciones

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que elementos del Ejército ejecutaron arbitrariamente a dos personas y cometieron tratos crueles contra otras 12, entre ellas menores de edad.
Palmarito CNDH
Palmarito

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - A más de un año del enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros ocurrido en Palmarito Tochapan, Puebla, la CNDH acreditó graves violaciones a derechos humanos atribuibles a elementos del Ejército y de la Policía Estatal, y emitió una serie de recomendaciones que alcanzan a otras dependencias del gobierno federal.

A raíz de este altercado, 10 personas murieron (seis civiles y cuatro militares), 26 resultaron lesionadas (14 civiles y 12 militares) y 13 fueron detenidas (nueve adultos y cuatro menores de edad).

El caso Palmarito

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De acuerdo con la versión oficial, este enfrentamiento ocurrido el 3 de mayo de 2017 se dio cuando integrantes de la Policía Militar que patrullaban la zona conocida como “triángulo rojo” recibieron un reporte que alertaba de una toma clandestina en el poliducto Minatitlán-México, el cual cruza el municipio de Quecholac, al que pertenece la comunidad de Palmarito.

Los soldados fueron atacados a balazos por presuntos huachicoleros que se protegieron con mujeres y niños. Entonces, los elementos castrenses respondieron a la agresión.

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Una semana después del enfrentamiento, el medio local Cambio difundió un video que puso en duda la versión oficial. La grabación mostraba a un soldado apuntando y disparando en contra de un civil desarmado, lo que involucró a las fuerzas armadas en una ejecución extrajudicial.

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A raíz de esto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar abrieron investigaciones sobre los uniformados que participaron en el patrullaje dentro del municipio de Quecholac, y que derivó en la detención de un militar.

Las violaciones que la CNDH acreditó

En la a Recomendación 12VG/2018, la CNDH acreditó estas violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla:

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  • Ejecución arbitraria de dos personas.
  • Trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.
  • Detención arbitraria de 2 infantes.
  • Manipulación de un cadáver.
  • Colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas.

La Comisión también detectó las siguientes violaciones cometidas por servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), PGR, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP) :

  • Violaciones a la legalidad y la seguridad jurídica.
  • Violaciones a la debida procuración de justicia y a la verdad.

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¿Cuáles son las recomendaciones?

Al titular de la Sedena y al gobernador de Puebla:

  • Reparación integral del daño a todas las víctimas, que incluya: indemnización, asistencia médica y psicológica.
  • Colaboración en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.
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A la PGR:

  • Continuación en la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones.
  • Dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar
  • Colaborar en la queja que se formule por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas.
  • Seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.

A Pemex:

  • Colaboración en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal.
  • Que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas.
  • Cooperación en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.
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Al gobernador de Puebla, Antonio Gali:

  • Implementación de políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”.
  • Atención a los problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez.
  • Coadyuvación en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales.
  • Seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por 8 personas.

Al Fiscal General de Justicia del Estado:

  • Continuación en las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas.
  • Seguimiento a la queja que se formule por omisiones en la integración de las carpetas de investigación.
  • Colaboración en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad.
  • Instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.
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Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado:

  • Se le recomienda colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que peritos del TSJEP practicaron a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad.
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