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Los puntos indispensables para ir hacia la paz, más allá de los foros de AMLO

Los foros de pacificación son un primer paso, pero independientemente de ellos hay temas clave para recuperar la seguridad. Expertas en la materia señalan cinco de ellos.
Más que foros
El diálogo. Los foros comienzan este martes en Ciudad Juárez y terminarán en octubre en Oaxaca.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - Los foros con los que el equipo de Andrés Manuel López Obrador busca delinear un plan para pacificar al país arrancan este martes, ¿pero serán suficientes para que México transite de la crisis de violencia actual hacia un escenario de paz?

No es la primera vez que se plantean este tipo de encuentros en la búsqueda de alternativas frente a los problemas que han surgido a raíz de la llamada "guerra contra el crimen" que emprendió el gobierno del presidente Felipe Calderón. Fue el propio exmandatario quien en su sexenio (2006-2012) puso en marcha los Diálogos por la Paz, de los que no resultaron soluciones eficaces.

Ahora, el virtual presidente electo ha puesto como una de sus metas reducir entre 30% y 50% los homicidios en el país pero, más allá de los foros, expertas en temas de seguridad ven la necesidad de llevar a cabo análisis profundos para diseñar una estrategia integral que pueda disminuir la violencia.

¿Cuáles son los puntos sobre los que debe tomar nota el nuevo gobierno como vía para la paz? Aquí te contamos.

Te recomendamos: Esta es la ruta que seguirán los foros para la pacificación

Mayor coordinación con autoridades locales

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Uno de los temas en los que ponen el acento las expertas es la necesidad de una mayor coordinación con los gobiernos estatales, pues señalan que deben asumir mayor responsabilidad en la seguridad.

"Me parece que la clave va a estar en la coordinación y en cómo justo se va a bajar ciertas políticas nacionales a nivel local", considera Tania Ramírez, directora de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Una ventaja que tendrá este gobierno, señala, es que Morena tendrá presencia como gobierno en algunos estados y municipios, entre ellos Morelos y Veracruz —que han tenido altos índices de violencia—, pero advierte que la coordinación deberá mantenerse con todos los estados, sin importar partidos.

Definición clara para Segob y SSP

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López Obrador ha planteado sacar de la Secretaría de Gobernación (Segob) las tareas de seguridad a partir de la creación de una nueva Secretaría de Seguridad Pública (SSP); sin embargo, en la realidad los posibles titulares de ambas dependencias —Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo— hablan del tema de la pacificación como encomienda propia.

"Hemos escuchado a la futura secretaria de Gobernación y al futuro secretario de Seguridad Pública, y cada uno trae ciertos temas sobre seguridad, pero finalmente estamos escuchando un poco de los dos y eso que ellos buscaban, que era centralizar el tema, pues no está ocurriendo", señala Doria Vélez, directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Un tema pendiente es el esquema bajo el que operará la SSP, pues la propuesta de Morena habla de una secretaría nacional, lo que restaría atribuciones a entidades y municipios, además de que atentaría contra el federalismo.

Despenalizar las drogas no soluciona todo

La despenalización de las drogas no debe tomarse como una varita mágica que pondrá fin a la crisis de violencia, pues esta debe estar inscrita dentro de un mecanismo integral como la justicia transicional, en la que se considere como uno de sus puntos centrales el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de programas de atención a consumidores y campesinos que trabajan en el cultivo de amapola y marihuana.

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"A veces se le atribuye a la regulación de las drogas atributos que no puede lograr por sí sola (...) Es decir, debe haber un fortalecimiento integral de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública para que lo demás funcione", considera Ramírez.

Entre los aspectos que se deben tomar en cuenta, según la experta, están la desmilitarización de las calles, el fortalecimiento de ministerios públicos y policías, así como mejorar la atención social a consumidores y campesinos que han trabajado para el crimen organizado.

Asimismo, tanto Vélez como Ramírez consideran necesario observar que no todos los delitos obedecen al trasiego de drogas, pues hay otros y la delincuencia organizada opera bajo otros esquemas.

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El modelo de policía

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Un tema que no ha quedado definido dentro de los planteamientos del próximo gobierno es el modelo policial, así como los mecanismos bajo los cuales se van a evaluar sus capacidades o el tipo de capacitación que van a recibir.

"Se habla de que se va a fortalecer los cuerpos policiales, de que se les va a capacitar, pero de nuevo se está considerando que ellos (las autoridades federales) van a regir toda esa parte de los cuerpos policiacos (...) Ahorita vemos que hay entidades donde hay un mando único, en otras en donde hay un mando mixto y, bueno, son situaciones heterogéneas", considera Vélez.

Entre los temas que provocan dudas en el tema policial están los mecanismos de control de confianza y el tipo de estrategias con las que se proponen combatir la impunidad, que tampoco están definidos.

¿Y el dinero del crimen?

Un tema sobre el que tampoco hay claridad es qué va a pasar con los recursos del crimen. Entre los temas que se deben poner sobre la mesa, según las expertas, están la extinción de dominio y los mecanismos para combatir el lavado de dinero.

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"En uno de los documentos que ellos nos entregaron unicamente se habla de que se va a sacar la Unidad de Inteligencia Financiera de donde está, que es la Secretaría de Hacienda, pero no se hace una mención que justifique por qué buscan ese cambio y no hay mayor propuesta", dice Vélez.

Actualmente, advierte, las fallas en materia de combate a los recursos provenientes del crimen no están en la dependencia hacendaria, sino en la propia Procuraduría General de la República (PGR).

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce avances en materia de lavado de dinero en el país, pero señala también deficiencias como la identificación del beneficiario final y un limitado intercambio de inteligencia entre la UIF y la PGR.

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