CNDH impugna la ley de Publicidad Oficial ante la Suprema Corte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca que la asignación de publicidad oficial se regule de forma clara, puntual y objetiva.
En contra de la 'Ley chayote'  Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, el segundo organismo llevar a la Corte la ley que sus críticos bautizaron como 'Ley Chayote'.  (Foto: Cuartoscuro )
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) -

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS), promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 11 de mayo.

Esta es la segunda impugnación contra esta polémica ley, después de la que presentó el pasado 7 de junio un grupo de 51 legisladores del PAN, PRD y PT. Los senadores consideran que esta norma no garantiza la libertad de expresión ni el derecho a la información y sí da facultades a la Secretaría Gobernación (Segob) para que continúe contratando publicidad gubernamental de forma discrecional.

La CNDH informó que presentó este recurso al considerar que la ley, bautizada por sus críticos como 'Ley Chayote', no contempla lo siguiente:

  • Reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo que representa "un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación".
  • Regulación suficiente en materia de publicidad oficial.
  • Garantizar que el gasto que cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación.
  • Delega, indebidamente, a autoridades administrativas establecer criterios de selección del medio de comunicación (con base) en normas infra-legales, lo que permite distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.

Defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión, organizaciones de la sociedad civil e incluso instancias internacionales han criticado el decreto desde que se trabajó en el Congreso de la Unión, pues aseguran que no frenará la asignación discrecional de recursos público ni su utilización para fines proselitistas, electorales o de censura.

Imperdible: México tiene el reto de regular bien la publicidad oficial: relator de la CIDH

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