Organizaciones acusan irregularidades en el Fideicomiso Río Sonora

A casi cuatro años del derrame que afectó a miles de personas, OSC advierten opacidad y posibles malos manejos de los recursos que debían emplearse para atender a los afectados.
Desastre  El derrame que ocurrió en agosto de 2014 en Sonora es considerado uno de los peores desastres ambientales de los últimos años en el país.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) -

Su finalidad era brindar los recursos suficientes para reparar los daños ambientales y humanos que en agosto de 2014 provocó un derrame de sustancias tóxicas de minas de Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, al norte del país. Pero a decir de un grupo de organizaciones civiles, el Fideicomiso Río Sonora no solamente no cumplió con ese objetivo, sino que también fue manejado con irregularidades.

A casi cuatro años del siniestro que afectó la salud de alrededor de 22,000 personas, Fundar y México Infórmate dieron a conocer una investigación sobre el caso, mientras que Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) expuso las acciones legales que realiza para exigir transparencia en este tema.

Testimonios recabados por Fundar y México Infórmate apuntan a que hubo un trato disparejo hacia los afectados y a que no se atendió su principal demanda: la instalación de plantas potabilizadoras y de una clínica para atender los problemas de salud originados por el agua contaminada. En cambio, los entrevistados coinciden en que lo que se les entregó fue un tinaco y un promedio de 15,000 pesos en efectivo para comprar garrafones.

Además, PODER advierte irregularidades como que al menos una parte de los recursos fue destinada a filiales de Grupo México, mismo corporativo dueño de la empresa Buenavista del Cobre.

“El fideicomiso contrató a las propias subsidiarias de Grupo México para proveer la mayor parte del agua potable (...) y salud a las personas del Río Sonora. Dicho de otra forma: Grupo México movió dinero de su cuenta a un fideicomiso y, con esto, volvió a contratarse a sí mismo para proveer la mayor parte de los servicios a la gente del Río Sonora”, dijo Benjamin Cokelet, fundador y director de PODER, durante una rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles para presentar el estudio Fideicomisos en México: El arte de desaparecer dinero público.

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El fideicomiso se creó días después del derrame, por orden de las autoridades mexicanas. Grupo México debía aportar 2,000 millones de pesos pero, de acuerdo con las organizaciones civiles, esto no se cumplió.

A la par, PODER documentó que parte de esos recursos se gastó para que en salas de Cinemex se transmitieran spots sobre los trabajos en el río, cuando el principal accionista de Grupo México, Germán Larrea, también tiene participación en la cadena de cines.

Entre deducciones y poca transparencia

A decir de PODER, otra forma en la que Grupo México usó en su favor el fideicomiso fue la deducción de impuestos.

“Según varios contadores, una cuarta parte de lo que ellos destinaron al fideicomiso es deducible de impuestos por ser de interés público y ser una aportación voluntaria”, dijo Cokelet, quien también advirtió de la falta de transparencia en el manejo de este dinero.

La información recabada por la organización indica que, de los 1,000 millones de pesos que el fideicomiso tuvo entre 2014 y 2016, 951.77 millones de pesos fueron empleados en beneficio de los 22,000 afectados de siete municipios.

Sin embargo, el informe financiero entregado a los activistas muestra que al menos 141.5 millones de pesos son de difícil comprobación, pues se ejercieron en pagos en efectivo por concepto de “tomas de agua fase 1 y 2”. En tanto, otros 430 millones de pesos se ejercieron a través de tarjetas de débito de Banorte, transferencias electrónicas y cheques, mientras que el resto de los pagos no está identificado.

ADNPolítico buscó contactar a Grupo México para hablar del tema, pero no logró hacerlo de forma inmediata.

El caso ante la Suprema Corte

El fideicomiso se extingió el 7 de febrero de 2017, luego de que las autoridades consideraron que había cumplido con su objetivo. Por el contrario, los afectados argumentan que no fue así y las organizaciones afirman que su cierre se dio en condiciones poco claras.

Incluso, sostienen que cuando se le solicitó información más detallada de la que se ha hecho pública, esta fue negada bajo el argumento de que la herramienta opera con recursos privados —los de Grupo México— y es administrada por un ente particular.

Frente a esto, los afectados y las organizaciones que los apoyan argumentan que la participación del subsecretario de Planeación de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, dentro el Comité Técnico que decidió cómo se gastarían los recursos es un elemento que sirve para exigir que se rindan cuentas sobre este asunto.

Los Comités de Cuenca del Río Sonora han promovido más de una decena de amparos para obligar a que tanto la Semarnat como la empresa expliquen cómo se usó el dinero y cumplan con reparar los daños ambientales y humanos en la zona.

“Lo que cuestionamos es la forma en la que operó, por la falta de participación de las personas (afectadas), los proyectos que dejaron de cumplirse, muy importantes (...) y también cuestionar el cierre”, dice a ADNPolítico el abogado de PODER, Luis Miguel Cano.

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Ahora, el caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá determinar si la participación de un funcionario público en el Comité Técnico es suficiente para ordenar a la compañía que abra la información, aunque se tratara de recursos privados.

Para Cano, el sentido de la resolución de la Segunda Sala de la SCJN tendrá trascendencia nacional, pues puede marcar el camino sobre si los fideicomisos deben abrirse o no.

“Si la Corte nos da la razón, dirá que se puede cuestionar al fideicomiso porque participó ahí un funcionario público, porque es de interés público el objeto de remediar ahí las violaciones a derechos humanos provocadas por el derrame y, entonces, existiría la posibilidad de reabrir este fideicomiso”, explica Cano.

“(Por el contrario) si la empresa responsable de un derrame puede acordar con el gobierno la forma en que lo va a reparar, poner sus fondos privados, manejarlos a su antojo, unilateralmente o en un Comité Técnico presidido por un funcionario público, pero que está laborando bajo los intereses de la empresa, sin que la población participe, pues se abre un camino de impunidad”, concluye.

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