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La oposición lleva a la Corte su batalla legal contra las reformas de AMLO

Diputados y senadores de PAN, PRI, MC y PRD suman tres acciones de inconstitucionalidad en contra de dos de las primeras reformas del presidente: la ley de salarios máximos y los 'superdelegados'.
Diputados
La promesa de ser contrapeso. En esta Legislatura, Morena es mayoría en la Cámara de Diputados y primera fuerza en el Senado. Pese a ello, la oposición promete ser un contrapeso al partido de izquierda y al gobierno de López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La oposición cumplió con su promesa de combatir por la vía legal las primeras reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador y, hasta ahora, suma tres acciones de inconstitucionalidad en contra de ellas.

Estos recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por diputados y senadores de PAN, PRI, MC y PRD, buscan echar abajo la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos —también llamada ley de salarios máximos— y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que creó la figura de los coordinadores de programas de desarrollo o ‘superdelegados’.

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La última acción promovida fue firmada por diputados de los partidos en cuestión, quienes presentaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de esta última norma.

En su recurso, los legisladores inconformes exponen cinco argumentos por los cuales consideran que esta ley debe ser rechazada:

  • Violación al principio de legalidad, es decir, que —a su juicio— la reforma se aprobó con un procedimiento viciado o irregular en el Congreso.
  • Violación a la soberanía de las entidades federativas, pues consideran que los ‘superdelegados’ tendrán atribuciones de “vicegobernadores”, con amplio margen de discrecionalidad para operar los programas que entregan beneficios sociales a la población.
  • Violación a la autonomía del órgano regulador en materia de energía, debido a que la oposición considera un atentado a este rasgo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la disposición de que la Secretaría de Energía (Sener) coordine de forma conjunta las tarifas eléctricas.
  • Violación a la autonomía de los órganos reguladores, porque —a decir de los inconformes— la Consejería Jurídica nombrará y removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
  • Violación a la Constitución y diversas leyes, al asignar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades que antes tenía la Secretaría de la Función Pública (SFP), para planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios.
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Otras acciones contra los ‘superdelegados’

El 21 de diciembre, senadores de oposición interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de esta nueva figura y de la creación de comisiones presidenciales especiales.

Los legisladores impugnaron el establecimiento de los 32 delegados federales que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo en los estados, así como funciones de atención ciudadana.

Argumentaron que la figura de los ‘superdelegados’ crea un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica en las entidades del país.

Y contra la reducción de salarios

La primera acción de inconstitucionalidad se presentó el 5 de diciembre, por parte senadores de oposición que impugnan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el argumento de que violenta la división de Poderes.

Esto fue previo a que funcionarios del Poder Judicial promovieran ante la Suprema Corte miles de amparos en contra de la posible reducción de su salario.

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La SCJN suspendió la aplicación de la ley para evitar que se afectaran los derechos de los servidores públicos. En tanto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019, la Cámara de Diputados promovió la reducción de salarios a tres ministros de la propia Corte.

El desenlace de esta confrontación está en manos del pleno de la misma SCJN, cuyos integrantes tendrán que determinar si la llamada ley de salarios máximos se apega a la Constitución o no.

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