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Punto por punto, esto plantea Olga Sánchez Cordero para regular la marihuana

La iniciativa de la senadora y próxima secretaria de Gobernación contempla el uso lúdico, crear un instituto regulador y abrir la puerta a cooperativas de producción y a fumar en espacios públicos.
Marihuana
Marihuana. En América, Uruguay, Canadá y algunos estados de EU han regulado el uso lúdico de la yerba.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La futura secretaria de Gobernación y actual senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, dio un paso adelante en la regulación de la marihuana no solo con fines medicinales, sino también recreativos, con una iniciativa de ley que contempla desde la creación de cooperativas hasta la de un instituto que emita los lineamientos para el uso de esta sustancia y sus derivados.

Aquí te contamos de qué va.

¿Qué plantea?

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La propuesta plantea expedir una Ley General para la regulación y el control de cannabis para uso comercial, terapéutico, paliativo, científico y de investigación, así como para uso adulto y autoconsumo.

Propone crear el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), un órgano desconcertado de la Secretaría de Salud que se encargue de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación, así como de concentrar el padrón de productores.

También plantea que se pueda fumar marihuana en espacios públicos, con excepción de los lugares 100% libres de humo de tabaco.

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Propuestas para los diferentes usos

Autoconsumo: Se permitiría sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando no se sobrepasara los 480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas ante el instituto en el padrón anónimo. Quienes por su condición de salud requirieran sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar más de 20 plantas, tendrían que solicitar un permiso al instituto.

Cooperativas de producción: Deberían obtener una licencia de autorización, tener un mínimo de dos y un máximo de 150 socios, un Código de Ética y acreditar haber tomado al menos un curso de generación de capacidades para el autoconsumo. Estaría prohibido proveer de cannabis a personas ajenas a la cooperativa o a otras cooperativas, producir más de 480 gramos de cannabis al año por socio, al igual que el consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia psicoativa dentro de sus instalaciones.

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Uso científico y de investigación: Se debería contar con un protocolo de investigación autorizado por el instituto, cumplir con las disposiciones ordenadas en los reglamentos del mismo y con las que estableciera la legislación vigente que no contraviniera la ley. Los medicamentos derivados de cannabis solo podrían anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico o veterinario.

Conoce más: Estos son los lineamientos para el uso medicinal de marihuana

Uso comercial: Estría permitido mientras se realizara en el marco de la ley y con la autorización previa de las autoridades. Los requisitos para obtener licencia con fines comerciales estarían determinados por su uso: farmacéutico, terapéutico, paliativo, herbolario, adulto o industrial.

Este uso estaría sujeto a impuestos de compra y venta que estarían determinados por el instituto, con el objetivo de proteger la salud pública y evitar la informalidad. Los productos deberían tener la leyenda "Venta autorizada únicamente en México", y cuando fueran para exportación e importación, los paquetes y envases deberían cumplir con el etiquetado correspondiente al destino, según la ley que aplicara.

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¿Quiénes podrían tener permiso?

La iniciativa plantea 15 tipos de licencia, que van desde el cultivo para el uso personal hasta las que serían emitidas para la producción para fines industriales.

En todos los casos, los solicitantes deberían ser mayores de edad y no contar con antecedentes penales relacionados con delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o con delitos de alto impacto social. Las licencias se otorgarían hasta por 10 años. El IMRCC determinaría el número de licencias de venta que se otorgarían, las franquicias que podría tener un productor, así como los requisitos para los establecimientos para poder comerciar con estas sustancias.

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¿Y si no cumplieran?

Las sanciones administrativas se castigarían con amonestaciones públicas, multas, suspensiones temporales o definitivas de la licencia, trabajo en favor de la comunidad y arresto de hasta por 36 horas.

En el caso de manejar cualquier vehículo bajo el efecto del THC, permitir el consumo de bebidas alcohólicas o psicoativas en las cooperativas, y fumar cannabis en espacios prohibidos, los castigos serían multas de 100 UMA (8,060 pesos) y, en el primer caso, suspender la licencia de conducir.

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Para quienes comerciaran, distribuyeran, regalaran, vendieran y suministraran a menores y/o los emplearan para estas actividades ilegales, realizaran publicidad para promover el uso de cannabis, comerciaran con productos comestibles derivados del cannabis, comercializaran productos que excedieran el porcentaje de niveles de THC, mezclados con otras sustancias y que estuvieran fuera del empaquetado determinado por el instituto, las sanciones irían desde 1,000 a 4,000 UMA, es decir, de los 80,600 a los 322,400 pesos.

¿Qué haría el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis?

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Este instituto sería el encargado de establecer los lineamientos para otorgar permisos o licencias, aplicar sanciones administrativas por infracciones a las normas reguladoras, implementar un registro anónimo de autoproductores y establecer los lineamientos para la creación del padrón de cooperativas de cannabis.

Estaría conformado por una dirección general, un consejo consultivo y uno de ciudadanos. El director del instituto sería nombrado y removido por el titular de la Secretaría de Salud. El consejo consultivo estaría formado por un representante de la Secretaría de Salud, que lo presidiría, uno de Sagarpa, de la SEP, de Segob, de Semarnat, de Hacienda y de SRE, que se encargarían de hacer una evaluación del programa de control y regulación cada cinco año para determinar el cumplimiento de los objetivos.

El consejo consultivo ciudadano sería conformado por siete personalidades con fama pública de probidad, independencia y profesionalismo, que serían propuestas por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

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