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Morena da el primer paso para derogar y sustituir la llamada “ley chayote”

En la Cámara de Diputados, la bancada presentó una iniciativa para una nueva ley en la materia. Contempla penas de prisión para los funcionarios que usen los medios para influir en elecciones.
Pablo Gómez
El documento fue presentado por el diputado Pablo Gómez, exmilitante del PRD.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio el primer paso para derogar la Ley General de Comunicación Social, a la que sus críticos se refieren como “ley chayote”, al presentar su propuesta para una nueva norma en la materia.

El diputado Pablo Gómez presentó esta iniciativa para crear la Ley General de Propaganda Oficial, que busca impedir la promoción de funcionarios públicos pagada con el erario y —asegura— al mismo tiempo garantizar que el gobierno federal respete la libertad de expresión de los medios.

La ley actual debe entrar en vigor el 1 de enero de 2019 y, según sus opositores, es perjudicial para el país porque favorece que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como mecanismo para comprar coberturas informativas favorables o influir en líneas editoriales.

Lee: Morena quiere derogar la llamada "ley chayote" de publicidad oficial

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¿En qué consiste la propuesta?

La nueva ley propuesta sería reglamentaria de los artículos 6, 7 y 134 de la Constitución. En términos generales, plantea:

  • Impedir que actores ajenos a los procesos electorales incidan en las campañas y votaciones a través de los medios.
  • Impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido o candidato a cargo de elección popular.
  • Crear el Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y sus similares en los otros Poderes de la Unión y en los órganos autónomos federales.
  • Restringir la difusión de propaganda oficial en radio y televisión al uso de los tiempos oficiales, y fijar su distribución entre los sujetos obligados.
  • Obligar a los entes públicos a asignar los contratos de elaboración y difusión de la propaganda garantizando la equidad.
  • Establecer un capítulo especial para las reglas de transparencia y acceso a la información, en el que se ordene que toda la información relacionada con la propaganda oficial sea de carácter público y no pueda ser clasificada como reservada o confidencial.
  • Obligar a que lo que difundan los entes públicos deba resultar información relevante para la ciudadanía respecto de las actividades oficiales.
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¿Contempla castigos?

Sí. La norma propuesta contempla pena prisión de dos a nueve años, así como una multa de 200 a 400 unidades de medida e inhabilitación hasta por nueve años, al servidor público que difunda contenidos con la finalidad de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos o de precandidatos o candidatos.

La misma sanción aplicaría al funcionario que contrate publicidad encubierta o difusión masiva de publicidad en redes sociales o plataformas digitales, o que realice promoción personalizada de sí o de otra persona, con la finalidad de influir en las preferencias electorales.

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¿Y qué pasa con Gobernación?

La legislación planteada mantiene el control del tema en la Secretaría de Gobernación (Segob), pese a que este punto ha sido criticado por los opositores de la llamada “ley chayote”.

En la iniciativa, se encarga a la Segob la coordinación y el control de un sistema informativo de propaganda de la administración pública federal.

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Además, le mandata que proporcione un mecanismo de consulta directa para el público en general, sobre el padrón de medios y datos relativos a contratos, costos, programación y actividades relacionadas con la propaganda de las entidades de la administración pública, desglosados por cada ente.

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