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MC plantea abrir la información de las empresas que sean subcontratadas

La iniciativa plantea obligar a que deba hacerse pública toda la información de las empresas que sean subcontratadas por las compañías que ganen contratos con el gobierno.
Transparencia MC
Este miércoles quedó instalada la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El grupo parlamentario de MC en el Senado propuso reformas legales para blindar los recursos que se destinan a la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas, obligando a que las empresas que ganen contratos públicos y las compañías que lleguen a subcontratar deban abrir toda su información.

Lo anterior busca evitar que se repitan esquemas como el de "La estafa maestra", en el que la Sedesol y la Sedatu asignaron contratos a universidades públicas y estas, a su vez, subcontrataron a otras empresas a través de las cuales se desvió dinero.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y fue retomada por el senador de MC Clemente Castañeda, al instalar la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

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La iniciativa propone la obligación de publicar la información de las empresas que son subcontratadas por parte de la compañía adjudicada, debiendo precisar montos y conceptos subcontratados con terceros.

En materia de transparencia, plantea crear un Portal de Difusión de Adquisiciones como medio de acceso de la sociedad a la información sobre compras públicas, así como la obligación de los entes públicos a subir datos para alimentar la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

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En materia de rendición de cuentas, plantea que deban registrarse en el Sistema de Servidores Públicos todos los funcionarios que intervengan en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

También faculta y obliga a las contralorías de los entes públicos contratantes para que realicen diligencias con el objeto de verificar la existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes, y con ello evitar fraudes y simulaciones.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos.

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