Estos son los puntos polémicos sobre la ley de publicidad oficial

¿Qué discute la Cámara de Diputados? ¿Por qué es importante? ¿Qué implicaciones puede tener? Si tienes dudas acerca de este tema, esta recapitulación te ayudará a entenderlo.
¿Cuánto dinero llega a los medios?  La Suprema Corte ordenó al Congreso crear una ley que regule cómo gastarán los gobiernos en anunciarse en prensa, radio, televisión o internet.  (Foto: ADNPolítico)
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) -

En los próximos días, los diputados discutirán en el pleno de San Lázaro una ley que busca dejar en claro cómo se deben asignar, vigilar y fiscalizar los recursos públicos destinados a publicidad oficial.

Si no sabes de qué trata el tema, aquí te explicamos en qué va la discusión y qué puntos han sido cuestionados por la oposición y organizaciones civiles.

Desde el principio

El debate empezó cuando organizaciones como Fundar y Artículo 19, y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtieron que el gasto en publicidad oficial —aquel que los gobiernos destinan para anunciarse en medios de comunicación— es excesivo y se otorga de manera discrecional.

La reforma político-electoral de 2014 estableció que se tenía que crear una ley al respecto, pero el tema no fue discutido en el Congreso. Ante esa omisión, Artículo 19 promovió un amparo para exigir que el asunto se tocara.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso en 2015 y, en noviembre pasado, determinó que "la ausencia de un marco normativo en materia de comunicación social puede permitir un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial", por lo que ordenó a los legisladores que aprobaran una legislación a más tardar el 30 de abril.

A raíz de este fallo es que diputados, senadores y organizaciones comenzaron a analizar las distintas iniciativas que estaban sobre la mesa.

¿En qué estamos?

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados sesionó este martes para discutir y votar una propuesta de ley impulsada por el PRI. Durante este encuentro hubo polémica sobre si el documento realmente toma en cuenta las recomendaciones de expertos y de la CIDH, o bien, deja ver que solo se está legislando para cumplir con el mandato de la SCJN.

Para Justine Dupuy, coordinadora de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, el proyecto que se aprobó y ahora pasará al pleno no cambia de fondo las cosas, sino que retoma lineamientos que existen desde hace varios años.

Es preocupante que no se den cuenta (los diputados) de que las prácticas que ya hemos tenido en el país han limitado la libertad de expresión, y lo que están proponiendo va solamente a continuar con estas prácticas". Justine Dupuy, experta de Fundar.

Los puntos polémicos

Los diputados chocaron en aspectos como el poder que se plantea dar a la Secretaría de Gobernación (Segob), los topes al gasto y las sanciones. En cambio, se mostraron de acuerdo en que se cree un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, así como en que se establezcan la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la honradez como criterios para gastar el dinero público.

-El poder de la Segob

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del PAN, consideró que el dictamen puede provocar censura al dejar a la Segob y a las secretarías de los gobiernos estatales el control del padrón de medios.

"Es darle a la Secretaría de Gobernación el control de decidir a qué medios de comunicación se les otorga o no dinero público", dijo este martes.

Pero la diputada Carolina Viggiano, del PRI, consideró que la Segob no tendría ninguna facultad adicional a las que ya le dan la Constitución y otras leyes, y aseguró que el empadronamiento no implicaría ninguna obligación para que los entes públicos contrataran espacios.

"(Esto) va a depender de la idoneidad del medio que se necesite para cumplir con la estrategia de comunicación. No se coarta ninguna libertad de expresión", afirmó.

-Las sanciones

El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, dijo a ADNPolítico que uno de los temas que no se tocaron fue el establecimiento de sanciones en caso de que no se cumpla con la ley. Para el perredista, una legislación integral tiene que ver no solo con cómo se asigna el dinero o se supervisa, sino también con cómo se sanciona.

Con él coincidió el diputado Piña, quien consideró que la propuesta es imperfecta porque no se establece una sanción o coerción.

"Es una ley que puede no ser aplicada y que no va a pasar absolutamente nada porque no tiene una sanción; en el concepto jurídico, esa es una norma imperfecta", señaló.

En respuesta, el diputado Alejandro Domínguez, del PRI, argumentó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sancionar en materia de fiscalización, lo que desde su punto de vista implica que sí hay acciones previstas.

"Parecería que en cada ley queremos aprobar un código penal nuevo, en cada legislación tipos penales específicos, eso resulta complejo", dijo.

-¿Un nuevo órgano?

Diputados de PRD y PAN y las organizaciones señalaron que la falta de un órgano autónomo e independiente puede afectar la asignación de recursos, pues favorece que esto quede sujeto a la interpretación de las autoridades.

El diputado Hernández Soriano recordó que la iniciativa del PRD proponía crear un instituto nacional independiente o dar más facultades a la ASF, para tener una franja igualitaria de costos de mercado de la publicidad y contar con una lupa permanente sobre medios y funcionarios públicos.

Dupuy comentó que este punto preocupa mucho a las ONG porque, en lugar de buscar un control externo o de pensar en órganos autónomos ya existentes para limitar y vigilar el uso de los recursos, la propuesta de ley solamente está dando más control a la Segob.

En tanto, la diputada Viggiano consideró que la fiscalización se haría como con cualquier otro ente público, es decir, a través de la ASF.

¿Qué sigue ahora?

El proyecto será enviado al pleno. Ahí se discutirán todos los puntos sobre los que no hay consenso. Y si la norma es aprobada —primero por la Cámara de Diputados y después por el Senado—, entraría en vigor el 1 de enero de 2019.

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