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La Auditoría entrega su última revisión al gasto de 2016... ¿Y eso a mí qué?

El órgano fiscalizador presentó este martes su tercer informe sobre qué tan bien (o mal) se gastaron ese año los recursos federales. Aquí te damos una guía para entender qué es y por qué importa.
La Auditoría cierra 2016
Cierre de cuentas Los informes previos de la ASF se dieron a conocer en junio y en octubre. (Foto: iStock/makyzz)

Si alguna vez te has preguntado qué tan bien se utilizan los miles de millones de pesos con los que el Estado mexicano cuenta cada año —y que en parte obtiene de tu bolsillo si eres contribuyente—, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede darte algunas respuestas.

El pasado martes, el órgano fiscalizador presentó su tercer y último informe sobre la revisión que hizo a la Cuenta Pública de 2016; en otras palabras, su revisión a la forma en la que dependencias gubernamentales, estados, municipios, poderes, órganos autónomos e incluso universidades públicas ejercieron ese año los recursos con los que contaron.

Los informes surgen de las 1,780 auditorías que se programaron desde enero de 2017, cuyos resultados se planearon para darse a conocer en tres etapas: la primera en junio, la segunda en octubre y la tercera este mes. Después de las primeras dos fases, la ASF concluyó que había irregularidades que dejaban un monto acumulado de 50,568 millones de pesos pendientes de aclarar, y ahora hay que ver cuánto varía la cifra.

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¿Pero qué es y para qué sirve fiscalizar? Aquí te contamos.

¿Qué es la fiscalización?

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La fiscalización consiste poner lupa sobre el ejercicio de los recursos públicos, para verificar el cumplimiento de los programas que el gobierno diseña para cubrir las necesidades de los mexicanos, como infraestructura, servicios de salud, educación y seguridad pública, entre otros.

¿Cómo se revisa?

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La Auditoría se mete a las cuentas de cada institución, y luego elabora documentos en los que revisa y contrasta todas sus operaciones realizadas durante un año, es decir, la Cuenta Pública.

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¿Quién lo hace?

El gobierno no puede ser juez y parte en la revisión de sus propios gastos. Para ello existe la ASF, un órgano con autonomía técnica y capacidad para determinar a qué áreas u organismos va a revisar, así como el enfoque y el tipo de revisión. También es libre de decidir sobre el manejo de sus recursos, contrataciones y organigrama. Pero ojo: eso no la exime de su obligación de rendir cuentas, que hace ante la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia.

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¿Qué tipo de revisiones realiza?

Hay dos tipos de auditoría: de cumplimiento financiero y de desempeño.

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En las primeras, la ASF pone la lupa sobre la recaudación, administración y aplicación de recursos aprobados por la Cámara de Diputados. Este tipo de revisiones se puede hacer sobre obras públicas, para revisar si cumplen con los estándares establecidos; sobre el manejo del gasto por parte de estados y municipios, para ver que el dinero no sea desviado de su objetivo, o bien, sobre hechos que permitan detectar e investigar si se cometió un ilícito con los fondos del erario.

Por otro lado, las auditorías de desempeño se centran únicamente en constatar los cumplimientos y objetivos de los programas gubernamentales, para ver si funcionan y también qué impacto tienen sobre la población.

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Y después de la revisión, ¿qué pasa?

Una vez que la Auditoría tiene su programa anual, despliega verificadores que deberán entregar informes detallados de los hallazgos y resultados de la supervisión. De éstos se desprenden acciones que pueden ser: recomendaciones, para mejorar la gestión de los recursos; pliegos de observaciones, en los que se da cuenta de posibles daños económicos y su monto, y la promoción de una sanción contra algún funcionario público.

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¿Hay consecuencias?

Sí. La ASF puede iniciar un fincamiento de responsabilidad resarcitoria, el cual está dirigido hacia la persona responsable del manejo de los recursos, quien deberá indemnizar el daño cometido a la administración pública con sus propios recursos. Asimismo, el organismo puede presentar una denuncia de hechos por la presunta comisión de un delito. ¿Te acuerdas de Javier Duarte ?

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Números, números, números...

Desde el 2000, la Auditoría ha determinado irregularidades por 788,336 millones de pesos en el gasto federal. De ese monto, aún están pendientes de recuperar 228,829. Los años con las mayores cantidades hasta ahora son 2015 y 2016.

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